Uno de los eventos históricos más sobresalientes de la historia mexicana es, sin duda, el movimiento estudiantil del 68’ y aquel suceso que ha transcendido como un reclamo y herida transgeneracional conocido como la matanza de Tlatelolco. Puesto en perspectiva histórica, las décadas de los 60’s y 70’s representan épocas convulsas, de resistencia y de cambio, tanto en América Latina, como en otras partes del mundo.

Así, han sido cuantiosos los esfuerzos que se han presentado desde entonces para intentar revelar y preservar los acontecimientos que se suscitaron en la Plaza de las Tres Culturas, la tarde del 2 de octubre de ese año. El relato ha llegado a nosotrxs en forma de novelas, crónicas, poesía, ensayos, memorias y otras expresiones artísticas. No obstante, el libro del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Biografía judicial del 68, nos permite entrever que no todo está dicho y, a más de 50 años de estos hechos, aún quedan pistas por seguir para entender no sólo el pasado, sino también la configuración de nuestro presente.

El nombre de la obra nos anticipa varias cosas. Lo primero: se estudia el 68’ en clave jurídica, a partir del expediente judicial que se inició contra la sublevación estudiantil. Lo segundo, como se constata en el índice, dicho proceso es narrado analógicamente a la manera de una biografía, desde su nacimiento en julio de 1968, a su muerte en noviembre de 1970. Lo tercero, y no menos importante, es el subtítulo, donde advertimos la conclusión del autor: hubo una instrumentalización política del derecho para reprimir y judicializar a todo aquél que se consideraba parte o simpatizante de la organización y ejecución de actos de protesta. Y de esta manera, no sólo se buscaba detener a los líderes estudiantiles, sino apagar al movimiento en su totalidad.

Para esta misión, Cossío recurrió a los sesenta tomos que integran el expediente judicial. Una magnífica labor que se sirvió de una lectura minuciosa y no anacrónica logra mostrar la ilegalidad, inconstitucionalidad, negligencias y atropellos con los que se construyó. Pero más allá de las violaciones al debido proceso y derechos de los procesados, revela su razón misma de existencia y deja como único responsable al Estado.

Ramón Cossío nos introduce a la reconstrucción histórica de los hechos que opera en el expediente, no para ofrecérnosla como ‘La verdad’, sino para entender los móviles políticos detrás de estas judicializaciones y los elementos con los que se fundó e integró esa verdad.

El libro se integra por seis capítulos que, como he anticipado, se desenvuelven en etapas vitales: Gestaciones y nacimientos, Crecimiento, Madurez, Descendencia, Muerte. El último capítulo recibe el nombre de Epitafios.

El proceso penal nació con una averiguación previa del Ministerio Público Federal (MPF), muy pronto, se multiplicó hasta llegar a cuatro. El autor las disecciona. Este ejercicio es muy interesante porque abreva las declaraciones de los detenidos, las ampliaciones a dichas entrevistas; evidencia las prácticas con las que fueron arrancadas las declaraciones: en muchos casos se recurrió a tortura, en otros, las detenciones no se adecuaban a los parámetros legales vigentes en ese momento.

Las principales pruebas del MPF eran partes policiacos, más adelante en la etapa de juicio, la defensa de los acusados logró demostrar que, en muchos casos, eran redactados por más de un policía; algunos no recordaban lo que habían escrito y muchos contenían datos falsos o incorrectos.

Otro de los elementos probatorios, de gran influencia dentro del expediente, son las notas y comunicados de la prensa nacional. Las publicaciones de los principales diarios, coincidentes con las fechas de diversas actividades estudiantiles, son tomadas como prueba incuestionable para confirmar la posible responsabilidad penal.

Asimismo, es impactante cómo el proceso se alimenta de un relato, el del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Para septiembre de ese año, en su cuarto informe presidencial, el representante del ejecutivo nacional erigió una narrativa institucional: el enemigo es comunista. Con ello comenzó a ilegalizar las ideas. Ya no importaba mucho si repartías volantes, poseías un arma durante las manifestaciones o si eras un estudiante de medicina que apoyaba en la carpa médica, porque el simple hecho de estar ahí representaba el apoyo al comunismo.

Dentro de los muchos personajes que forman parte de esta historia, sobresale la figura del juez Ferrer Mac-Gregor para quien “lo delitos se acreditaban porque existían y habían actuado grupos que querían desestabilizar al gobierno para imponer un gobierno comunista en México (…). [Para él] parecía ser más importante la condición ideológica de los acusados que la juridicidad de los hechos que trataban de demostrarse en el expediente”. En el libro no hay reparo en demostrar la no existencia de la independencia judicial y la fatal actuación de este juzgador al acreditar delitos sin que fuese demostrada la relación entre el sujeto y la conducta delictiva. La sentencia quedó reducida al sujeto (la condición de las personas) y no al delito.

Uno de los aportes que deseo rescatar de este libro es la desmitificación del gobierno de Díaz Ordaz y esa imagen que hemos perpetuado a cerca de su gran sistema de inteligencia política. “Más que un Leviatán hecho de hombres inteligentísimos y astutos, fue un Estado torpe y burdo, que terminó por desdecirse. El expediente muestra lo que los funcionarios de entonces quisieron hacer: cómo construyeron el mundo y caracterizaron a sus enemigos. Muestra también el poco respeto que tuvieron por las formas jurídicas: al instrumentalizar el derecho como lo hicieron, dejaron las huellas de sus malas acciones y procedimientos”.

Acercarnos a una lectura jurídica de la historia, quizás no les suene muy apetitoso. Sin embargo, José Ramón Cossío, como experto en derecho, nos posibilita una perspectiva crítica a las instituciones mexicanas, a los tres poderes y al mismo movimiento social. Decía mi abuelo que para la vejez se le antojaba más releer que leer. Para mí, releer el 68, desde una visión jurídica, me ha dado un panorama distinto y una reflexión pertinente sobre la actual criminalización y judicialización de la protesta social. La instrumentación del derecho con fines políticos que sigue empleando contra los movimientos sociales y las defensoras y defensores de derechos humanos.

Laura Santos, (México). Afromexicana, abogada feminista, docente, integrante del Colectivo de Litigio Estrátegico e Ivestigación en Derechos Humanos, A. C. FACEBOOK  https://www.facebook.com/lauuSaantos/